Incomparabilidad y subestimación: el IPC en tiempos de Todesca.

Desde la asunción de Cambiemos, el Gobierno puso especial ahínco en la política oficial respecto al índice de precios. Podemos decir que esta política se sustentó en dos ejes centrales.

1. Por un lado, la imposibilidad de sostener una serie uniforme que permita la comparabilidad de la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de metodología en el índice de precios al consumidor, de los cuales 3 se realizaron en los primeros dos años de la administración de Jorge Todesca.

2. Por otro lado, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador.

Las canastas de consumo (qué cosas consumen los argentinos y en qué proporciones) se determinan a partir de Encuestas de Gastos que se realizan periódicamente cada aproximadamente 10 años. Es importante realizar estas actualizaciones para introducir las novedades que vayan surgiendo en los hábitos de consumo. El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos en materia de servicios, y los efectos de la quita de retenciones y desmantelamiento de la secretaria de comercio tuvieron en relación al precio de los alimentos. El efecto que los cambios bruscos de precios relativos pueden tener sobre la estructura de consumo de los hogares dificulta la representatividad de cualquier encuesta, ya que en solo dos años el peso de los servicios y alimentos sobre el total de gastos aumentó sensiblemente. Si bien existe una tensión entre la estabilidad y la representatividad de un índice de precios, la administración de Todesca aplicó numerosos cambios que afectan la estabilidad y a pesar de esto el resultado obtenido es muy poco satisfactorio respecto de la representatividad.

Excesivos cambios en el IPC oficial En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos 2004-2005. Apenas unos meses más tarde comienzan las críticas sobre la veracidad los datos de inflación. En 2014, en la gestión de Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la encuesta de gastos de 2012- 2013 (la última vigente hasta hoy). Al principio, sectores de la oposición y medios afines, reivindicaron el índice, ya que los guarismos arrojaban resultados en sintonía con lo esperado por la “opinión pública” y las mediciones no oficiales. Pero no fue suficiente. Sólo unos meses más tarde, nuevamente dichos sectores retomaron sus críticas al IPC-Nu. Desde diciembre de 2015, la nueva administración del INDEC decretó la “emergencia estadística” (estrictamente un “apagón estadístico”) y dejó de publicar el IPC-Nu. Los índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis. A pesar de lo escasamente representativo del mismo (¿resulta ilustrativa de la variación de precios nacional, la mitad de la variación de precios de San Luis y del consumo de la provincia más la mitad de la variación de precios de CABA y del consumo de la Ciudad?) el Gobierno utilizó este indicador durante algunos meses. Ya en abril de 2016, se publica un nuevo índice de precios. A pesar de que la crítica a los IPC anteriores se centraba en los relevamientos de precios, y no sobre las estructuras de las canastas de consumo, se descarta utilizar la encuesta de gastos de 2012-2013. La justificación resulta muy pobre: habría muchos datos perdidos y falta de documentación adecuada. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de gastos del año 2005. Como consecuencia el índice de precios calculado utilizó una estructura de consumo que tiene más de 10 años y no se ajusta a la actualidad actual. Paralelamente se implementó un feroz ajuste de tarifas, pero como en la estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8% del gasto está destinado a vivienda y tarifas). El consumo deprimido, derivado de la crisis económica con hogares que no contaban, en ese momento, con una significativa cantidad de electrodomésticos que fueron incorporando a lo largo de los últimos 10 años, gracias a la mejora de la distribución del ingreso, y que generó asimismo un sensible aumento del consumo energético, sumado al subsidio de los servicios, que disminuyeron el peso del gasto en ese rubro en la canasta de consumo, hicieron que era encuesta poco tenga que ver con la realidad de la Argentina de hoy. El efecto de los subsidios en los servicios fue incrementando su peso relativo, por lo que esa misma cuestión invalida, aún más, la utilización de la encuesta de gasto de 2012/2013 (en servicios, no así en alimentos). En definitiva, mediante la Emergencia Estadística y el artilugio de recuperar una estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más grandes del macrismo: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016, que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte). Finalmente, aunque se preveía cambiar el cálculo del IPC en 2019, en Junio de 2017 se establece un nuevo índice oficial de cobertura nacional, y continúa usando la vieja encuesta de 2005. Aunque esta nueva medición amplía la cobertura (anteriormente se limitaba sólo al área de CABA y AMA (GBA)), el INDEC continúa publicando el IPC GBA, además de otros IPC regionales. Sin embargo, un análisis profundo de la estructura del IPC GBA y del IPC anterior muestra que las canastas en la misma área geográfica tampoco son equivalentes, lo cual no solo se presta a confusión, sino que afecta la comparabilidad.