Dólar atrasado, tasas imposibles y amenazas penales: duras críticas de Cartez.
La entidad, integrante de CRA, cuestionó “las reglas de juego” que le imponen al campo. Y apuntó sobre todo contra el proyecto de reforma del Código Penal.
Un “dólar artificialmente atrasado”, “presión fiscal asfixiante”, “tasas de interés usurarias” y, sobre todo, un proyecto de reforma del Código Penal Que equipara las eventuales penas a productores “con las que les caben a ladrones, violadores o asesinos seriales” son, según Cartez, “las reglas de juego” que le imponen al campo y que impiden que los productores puedan “sentirse cómodos desempeñando el papel de mesías”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) difundió este lunes un durísimo comunicado en el que destacó que si bien “los productores agropecuarios argentinos (...) pusieron a disposición del país la cosecha más grande de la historia” gracias a “su tesón y capacidad de sobreponerse a la adversidad”, los productores “no se sienten cómodos en el papel de salvadores económicos de una Argentina que está sumida en una crisis profunda de incertidumbre política y financiera, dividida y lacerada por un índice de pobreza que golpea a más de un tercio de sus habitantes”.
“Los productores no pueden sentirse cómodos desempeñando el papel de mesías bajo las reglas de juego que les imponen para llevar adelante su actividad: cambio permanente de pautas económicas, presión fiscal asfixiante, tasas de interés usurarias, inflación indomable, dólar artificialmente atrasado, retenciones a las exportaciones y un largo etcétera que nos transporta a tiempos aún cercanos que creíamos definitivamente superados”, cuestiona el comunicado firmado por el presidente de la entidad, Gabriel De Raedemacker.
El texto señala que hoy “el Gobierno Nacional y buena parte de la sociedad ponen sus ojos en una producción agropecuaria salvadora”, pero critica que el año pasado, en el que “la sequía más tremenda del último medio siglo” golpeó al agro, cuando los productores buscaron “algún apoyo” que les permitiera continuar en actividad fueron “remitidos al Banco Nación” y sólo les ofrecieron “tasas de refinanciamiento superiores al 60%, obviamente incompatibles con cualquier actividad productiva lícita”
Como ladrones, violadores y asesinos
El cuestionamiento más fuerte, sin embargo, apunta al proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno, que, según Cartez, “pretende equiparar las penas que eventualmente pudieran corresponderles a sus productores con las que les caben a ladrones, violadores o asesinos seriales”.
“Sin ánimo de defender ni reivindicar a ningún productor que no sea capaz de aplicar las Buenas Prácticas Agropecuarias para asegurar un sistema productivo sustentable y respetuoso de la salud de toda la población, cabe preguntarse si es cuerdo suponer que alguien esté dispuesto a arriesgar su capital, su trabajo, su tiempo, su futuro, y eventualmente su libertad, para producir los alimentos y energía que el país le pide a gritos, bajo el estricto cumplimiento de todo el marco legal e impositivo vigente, y aun así quedar expuesto a una cacería de brujas por parte de algún fiscal que, en estricto cumplimiento de su deber, pero impregnado de un halo ideológico anti-campo (tan común en la década pasada), considere, por ejemplo, que las aplicaciones de productos fitosanitarios que realiza en su explotación constituyen un mecanismo de contaminación ambiental”, advierte el texto.
También señala la posibilidad de que un productor “pueda ser encarcelado, acusado de propagar organismos genéticamente modificados que alguien suponga que pueden provocar daños a la salud o al ambiente, cuando en realidad sólo está produciendo el maíz que su patria le reclama”.
Y se pregunta: “¿Es razonable que un productor de carne o leche pueda ser acusado de cometer delitos contra la biodiversidad por llevar adelante su actividad productiva legal?”, para luego afirmar que “aparece muy difuso el límite entre lo legal y lo condenable, en una zona gris en la que un determinado posicionamiento ideológico puede conducir a decisiones profundamente equivocadas”.
Seguridad jurídica
El comunicado firmado por De Raedemacker sostiene que “no es casualidad que los capitales huyan de un país cuyos dirigentes ni siquiera están dispuestos a brindar seguridad jurídica a quien invierte, a quien genera puestos de trabajo, a quien provee divisas genuinas al tiempo que cumple con la ley, en inferioridad de condiciones respecto de sus competidores”.
Y concluye: “Alguien en este país debe dedicarse a producir, y a ese alguien habría que apoyarlo, motivarlo, cuidarlo y, de tanto en tanto, darle algún tipo de reconocimiento por su actitud patriótica. Pero parece que, nuevamente, se pretende recurrir al método remanido, demagógico y fracasado de perseguirlo y castigarlo”
