LACALLE POU YA TIENE SU LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN
El proyecto impulsado por el presidente uruguayo obtuvo su visto bueno final después de que el Senado aprobara las modificaciones acordadas por la Cámara de Representantes. Con más de 400 artículos, se introducen cambios en seguridad, educación y en el derecho a huelga, entre otras áreas.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue aprobada con 18 votos favorables: 17 de los senadores de la coalición de centro-derecha que gobierna Uruguay desde el 1 de marzo y el de la presidenta del Senado y vicepresidenta del país, Beatriz Argimón.
Del lado de la oposición, el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, expresó su rechazo con 12 votos en contra, ya que hubo un senador que se ausentó de la sesión definitiva.
Retrocedimos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados», publicó el FA en su cuenta oficial de Twitter después de la votación. «¡La historia los juzgará!», completó.
Además de críticas a varios artículos propuestos, la oposición cuestionó la consideración de trámite «urgente» para esta ley al entender que no permitió el tratamiento adecuado en temas complejos.
Lacalle Pou festeja
Inmediatamente tras la aprobación de la LUC, el presidente Luis Lacalle Pou expresó en su cuenta de Twitter su «gran satisfacción». El Senado remitió el proyecto final al Ejecutivo para su promulgación en los próximos días.
«El Parlamento acaba de aprobar finalmente la #LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos«, escribió el mandatario.
La ley fue el eje de la campaña electoral de Lacalle Pou en octubre pasado y de la «coalición multicolor» de derecha que le apoyó para la segunda vuelta frente al candidato frenteamplista, Daniel Martínez.
LOS CAMBIOS QUE INTRODUCE LUC
Aparece la flexibilización de la legítima defensa policial y se admite la respuesta violenta ante un delito contra la propiedad “con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona”.
Un artículo dispone penar con 3 a 18 meses de prisión a quien “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial”, aunque se aclara que “no serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial”.
Se modifica la denominada Ley de Inclusión financiera que había impulsado el FA y se establece la no obligatoriedad de cobrar por medios electrónicos. Con la flexibilización a las regulaciones y restricciones de pagos fuera del circuito financiero permitirá, por ejemplo, abonar en efectivo en transacciones de hasta 100.000 dólares.
En cuanto al derecho a huelga, se introduce la prohibición de ocupar espacios de trabajo durante una protesta sindical.
Para la educación, la norma modifica la estructura del gobierno del Sistema Educativo Público y concentra el poder en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y en el Consejo Directivo Central. Los gremios docentes denuncian que eso lesiona la tradición histórica de autonomía que tiene la enseñanza en Uruguay y también denuncian que detrás hay intenciones privatizadoras.
Se dispone procesos de desalojos express ante el incumplimiento de pago de un alquiler, al mismo tiempo que se abre la puerta a que los propietarios y los inquilinos firmen un contrato de arrendamiento con un plazo y un precio, sin necesidad de garantía.
